Derechos
Todos los contratos de luz con potencia menor de 10Kw anteriores a 2009 se rigen por el mercado regulado, sus precios y tarifas son fruto de negociación del Ministerio con las empresas del sector, y el consumidor puede reclamar en caso de conflicto a través de la Dirección Competente de la Comunidad Autónoma y a través del Arbitraje de Consumo. Pero aquel que contrató luz con posterioridad al 2009 y con potencia superior a 10Kw o que no ha solicitado el precio regulado se encuentra en el mercado libre y en este caso el consumidor únicamente puede reclamar a través del Sistema Arbitral de Consumo (si la empresa se encuentra adherida para este tipo de contrato) o por vía judicial. Será necesaria reclamación previa al Servicio de Atención al Cliente de la empresa.
Derecho al acceso
Los consumidores tienen derecho al acceso y a la conexión a la red de transporte y distribución eléctrica.
Tarifa de último recurso
Los consumidores cuyo contrato es igual o inferior a 10 Kw tienen derecho a tarifas de ultimo recurso.
Derecho a elegir la suministradora
Los consumidores tienen derecho a elegir libremente la empresa suministradora.
Derecho a la información
Los consumidores tienen derecho a toda información acerca de la contratación eléctrica.
Derecho a rescisión del contrato
Los consumidores tienen derecho a rescindir su contrato sin penalización tras un año del contrato, en caso de que el periodo sea inferior, tendrán una penalización de máximo 5%.
Calidad del Servicio
El consumidor tiene derecho a recibir de la compañía los servicios con calidad.
Publicidad
Los consumidores tiene derecho a recibir publicidad y ofertas comerciales veraces y no engañosas.
Contrato
Los consumidores tienen derecho a recibir copia del contrato con todas las cláusulas y condiciones generales.
Problemas
- Gastos y dificultades para solicitar el alta nueva en la luz, el gas o el agua.
- Cortes y averías en el suministro.
- Falta de lectura de los consumos reales y facturación indebida.
- Problemas y fallos en los contadores.
- Seguros de mantenimiento vinculados a la contratación con obligación de permanencia y que encarecen mucho el coste mensual.
- Revisiones no autorizadas o fraudulentas.
- Aumentos continuos del precio de la luz y del gas a pesar de ser bienes de primera necesidad.